La Paz, 27 oct 2021 (ATB Digital).- La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció este miércoles la presentación de acciones legales en los ámbitos nacional e internacional con la finalidad de salvaguardar la vida, dignidad e integridad de la menor de 11 años violada y embarazada en Yapacaní (Santa Cruz), cuyo proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que corresponde en ese caso, fue interrumpido.
“La Defensoría del Pueblo, en el marco de su compromiso institucional con la niñez y adolescencia, y en especial con las víctimas de violencia sexual, y considerando la ausencia de instancias de protección estatal en el caso de la menor de 11 años de edad, ha definido realizar tres acciones legales”, anunció en conferencia de prensa.
Cruz explicó que las acciones planteadas abarcan una acción de libertad y una solicitud de medidas cautelares en contra de las defensorías de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, del Hospital Percy Boland, así como en contra del Arzobispado.
Dijo, además, que se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se apliquen medidas cautelares en contra del Estado boliviano, tomando en cuenta que la niña de 11 años de edad en situación de embarazo ya constituye un hecho grave, de acuerdo con lo que reconoce el mismo sistema interamericano.
“La suspensión de la Interrupción Legal del Embarazo está generando una afectación que puede ser irreparable a la vida, salud, integridad de esta menor”, indicó.
La autoridad defensorial señaló que ya se han entregado los informes correspondientes al monitoreo que realiza la Relatora País y a la Secretaría Ejecutiva de dicha comisión.
Además, anunció la presentación de una denuncia penal para que no queden en la impunidad y no se repitan nunca más ese tipo de hechos, a fin de salvaguardar a las niñas, adolescentes y mujeres de Bolivia.
“Estamos presentando una denuncia penal en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz, del personal médico y de enfermería del Hospital Percy Boland, la ONG y el Arzobispado de Santa Cruz que ha intervenido, y también en contra de la madre, por los delitos, en lo que corresponda, de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas”, señaló Cruz.
Dijo que con esa acción se busca que los responsables sean sancionados con una pena de entre 15 a 20 años de prisión, pues la víctima es una menor de edad.
“De acuerdo con la OPS (Organización Panamericana de la Salud), las niñas menores de 15 años de edad tienen cuatro veces más riesgo de perder la vida que una mujer mayor edad. Esperemos que sea la acción de libertad o la medida cautelar la que genere el impulso suficiente para que el Estado asuma su deber de protección y de garantía en este caso”, puntualizó la Defensora.
Fuente: Agencia Boliviana de Información