La Paz, 29 oct 2021 (ATB Digital).- La Defensoría del Pueblo exigió este viernes el inicio de procesos penales para identificar y sancionar a los responsables de secuestrar y agredir a periodistas en la propiedad Las Londras en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. Aseveró que esas acciones atentan contra la libertad de expresión.
“La Defensoría del Pueblo, frente a la agresión física y retención en contra de la voluntad de trabajadores de la prensa ayer, durante 7 horas en la propiedad Las Londras en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, a manos de personas encapuchadas y que portaban armas de fuego, exige el inicio de procesos penales para identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de expresión, una de las bases fundamentales del Estado de Derecho y de la Democracia”, se lee en un comunicado defensorial.
Esta institución exige la investigación y el establecimiento de sanciones para evitar que estos hechos se “naturalicen”. A su vez, demanda el respeto al trabajo de la prensa para garantizar el derecho de acceder a la información y el derecho a la libertad de expresión.
“Los periodistas fueron retenidos, junto a civiles y policías, de manera violenta por encapuchados, quienes fueron denunciados por avasallar una propiedad privada. Estos hechos, además de atentar contra los derechos humanos, se constituyen en delitos penales, como privación de libertad, secuestro, tenencia y portación de armas, y lesiones leves y graves”, explica el comunicado.
Según el reporte institucional, un grupo de personas encapuchadas retuvieron periodistas de El Deber, Unitel, Red Uno, ATB y PAT, además de efectivos policiales y personas civiles quienes fueron liberados horas más tarde.
Asimismo, indicaron que las víctimas presentaban lesiones y el equipo de algunos trabajadores de la prensa fue dañado, entre eso, una cámara filmadora que recibió un impacto de bala.
“Los trabajadores de la prensa deben ser protegidos por el Estado para garantizar la libertad de expresión, que a su vez es protegida por la Constitución Política del Estado. Esta institución defensorial hará seguimiento de este caso hasta que se identifique a los responsables y se los someta a la justicia ordinaria”, concluye el pronunciamiento.
Fuente: Agencia Boliviana de Información