La Paz, 23 de mayo 2022 (ATB Digital).- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, afirmó este lunes que la convocatoria a rectores de diferentes de universidades para declarar por el caso del dirigente estudiantil Max Mendoza “no es ajena” porque, en su criterio, los ilícitos que se investigan no son cometidos solo por una persona.
“No está ajeno poder convocar a los rectores, respetando el tema de la Autonomía Universitaria vamos a convocar a todas las personas que estuviesen involucradas; una investigación no discrimina a ninguna persona en ser convocada”, dijo el fiscal en una entrevista con la transmisión digital de La Razón Radio.
“Sin duda los vamos a convocar. Frente a una investigación criminal nadie está ajeno a una investigación”, agregó.
La noche del domingo, un juez determinó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro para el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, acusado por los supuestos delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
“La hipótesis del Ministerio Público es valedera, el juez nos ha dado la razón por los delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica por hacer contrataciones de una empresa de viajes y cobros irregulares de salarios que no le corresponden”, explicó Alave.
Asimismo, aseguró que este lunes se conocerá el cronograma de convocatorias de las nuevas declaraciones.
“No existe una sola persona en este tipo de hechos, sino que son un sinnúmero de personas (implicadas), que ya están siendo evaluadas por la comisión (para) poder establecer responsabilidades”, indicó.
Mendoza fue aprehendido el sábado el municipio de Sacaba, en Cochabamba, y posteriormente fue trasladado, vía terrestre, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
El cuestionado dirigente acumuló en los últimos días seis denuncias en su contra, pero el Ministerio Público decidió unificarlas en un solo proceso.
El sábado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el universitario fue aprehendido “por, presuntamente, haberse beneficiado de manera irregular con el nombramiento de secretario nacional a. i. del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el pago de haberes y beneficios sociales, sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el cargo”.
(LaRazón)