La Paz, 25 de junio de 2022 (ATB Digital).– Las empresas de telefonía móvil Entel, Tigo y Viva tienen un mes y tres semanas más para adecuar sus sistemas informáticos, para que, a partir del 16 de agosto, ya no descuenten el crédito de sus clientes si ya no compraron un nuevo paquete de datos.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, recordó ayer que, a partir del 16 de agosto, rige el Decreto 4669 del 16 de febrero. Afirmó que el plazo para la actualización de sus sistemas fue planteado por las compañías por lo que, a través de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), se hará cumplir la normativa vigente.
“Estamos nosotros insistiendo, enviando las notas correspondientes, porque ellos (telefónicas móviles) fueron los que pidieron este plazo de seis meses, ellos exigiendo este plazo (…) para que el software y el tema técnico pueda ser readecuado y no estén cobrándoles en demasía y redondeando además de eso los megas”, dijo la autoridad en rueda de prensa.
Actualmente, cuando un usuario de internet móvil navega con un paquete de datos adquirido o asignado, el costo por Megabyte (MB) es accesible. Sin embargo, cuando el paquete de datos se agota, el operador automáticamente empieza a utilizar el saldo o crédito disponible del usuario.
Las principales operadoras de telefonía móvil en el país son la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel SA), Tigo Bolivia – Telefónica Celular de Bolivia SA (Telecel SA) y Nuevatel PCS de Bolivia SA (Viva).
El decreto también establece que, en las modalidades de prepago y pospago, el operador deberá emitir alertas de consumo de datos durante el uso del volumen de datos adquirido o asignado.
Además, el volumen de datos no consumido se sumará al del mes siguiente, excepto en paquetes de datos ilimitados con determinado tiempo de vigencia. Los datos no consumidos se acumularán mínimamente por el lapso de dos meses, refiere la norma.
Las operadoras tienen unos 50 días para adecuar sus redes y plataformas e implementar las mejoras en los mecanismos de notificación para requerir el consentimiento de los usuarios.
Fuente: La Razón