Santa Cruz, 31 ago 2022 (ATB Digital).- El Ministerio Público emitió los
requerimientos fiscales a la Aduana y a Impuestos Nacionales para
conocer las operaciones de la empresa RM Representaciones que fue
contratada por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, para la
dotación de un carro bombero que hasta la fecha no entregó.
“Se
han emitido las directrices de investigación para poder contar con los
elementos de convicción que nos permitan descubrir la verdad de los
hechos, ya se han emitido los requerimientos para Impuestos Nacionales y
la Aduana Nacional para poder verificar las operaciones de esta
empresa”, informó el fiscal a cargo de esta investigación Alberto
Zeballos.
De acuerdo con el fiscal,
“la denuncia señala que, presuntamente, hubo una contratación irregular
para la adquisición de un carro bombero para el Comando de la Policía,
como unidad solicitante, que fue realizada mediante contratación directa
y no mediante licitación pública, aparentemente no se dio cumplimiento a
ciertas normas básicas”.
La denuncia
apunta a Camacho, al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel
N. y al representante legal de la empresa RM Representaciones,
Alessandro A. G., quienes deberán declarar esta tarde.
Este
caso se activó luego del voraz incendio que afectó a más de un millar
de gremialistas del mercado Mutualista, quienes perdieron su mercadería
la noche del 31 de julio.
La
madrugada del 1 de agosto, el gobernador llegó al mercado, pero fue
agredido por los comerciantes que le reclamaron por la falta de
condiciones para evitar ese tipo de tragedias.
Ante
esa situación, Camacho respondió que la Gobernación solo cuenta con
carros cisternas y no carros bomberos. Sin embargo, asambleístas
departamentales denunciaron que en octubre de 2021 se aprobó un
presupuesto de Bs 1,7 millones para la compra de un carro bombero.
El
diputado Rolando Cuellar, quien denunció este caso en la Fiscalía
cruceña, reveló que la Gobernación firmó un contrato para la compra de
un carro bombero el 28 de enero de 2022 y que la entrega estaba prevista
para el 27 de junio; sin embargo, no se llegó a concretar.
El
legislador cuestionó la legalidad de la empresa contratada por Camacho y
advirtió que podría tratarse de una compañía “fantasma” porque no
estaría autorizada para la venta de vehículos, sino para la
comercialización de muebles, llantas y café. Además, que incumplió
requisitos y no se ubicó sus oficinas.
Camacho
es investigado por la presunta comisión de los delitos de
incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación de
fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato y uso
indebido de influencias.
ABI