Santa Cruz, 4 sep 2023 (ATB Digital).- Las mentiras y los pretextos de la Gobernación de Santa Cruz y de los asambleístas de Creemos ponen en riesgo la construcción del tramo II de la carretera Buena Vista-Las Cruces. La pausa de más de cuatro años en la ejecución de los recursos financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para la obra podrían perderse, alertó el ministro de Obras Publicas Servicios y Vivienda, Édgar Montaño.
“Los funcionarios de la gobernación y los asambleístas de Creemos ya han puesto el crédito (para la construcción) en grave riesgo, es decir en peligro. Puede la entidad financiadora decir: ‘Ya que no hay un acuerdo, lo voy a retirar y destinar a otro sector’”, dijo la autoridad en entrevista con el programa Las 7 en el 7, de Bolivia TV.
Mentiras y excusas
El ministro recordó que en 2021, cuando el gobernador Luis Fernando Camacho estaba libre, se negaron a construir la carretera por una supuesta falta de recursos, pero el presidente Luis Arce garantizó el financiamiento.
Más tarde, los funcionarios de la gobernación volvieron a oponerse a la obra y exigieron una licencia ambiental y un estudio hidrológico, que también se les concedió.
Sin más argumentos para oponerse, el propio Camacho rubricó, en 2022, un acta para dar curso a esta obra impulsada durante la gestión del exgobernador Rubén Costas.
Pese a los estudios y autorizaciones ambientales, elaborados por ellos mismos, y al compromiso del gobernador, ahora “inventan problemas” como que el proyecto carretero afectaría al medioambiente.
La pasada semana, legisladores de oposición salieron con que se estarían loteando terrenos de la zona y que esa sería la causa por la cual el Gobierno impulsa la construcción de esa carretera, afirmación que fue desmentida por Montaño con publicaciones de medios de prensa.
El alcalde de Porongo, Neptaly Mendoza, desmintió el argumento. Ante ello, al secretario departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la gobernación cruceña, Pablo Sauto, no le quedó otra que negar la existencia de urbanizaciones en el Urubó.
“Están haciendo un cálculo político erróneo, porque si los asambleístas de Creemos quisieran fiscalizar que no se haga daño al medioambiente, ya estuviera con denuncia el secretario de Medio Ambiente de la gobernación cruceña”, señaló.
Reveló que quienes “dicen defender la Madre Tierra” autorizaron el desmonte para el inicio de obras de la carretera en Samaipata, donde “sí existían helechos gigantes y árboles de más de 40 años”.
En contraposición, explicó que en la carretera Buena Vista-Las Cruces “no hay monte virgen, sino una vía de más de 100 años de antigüedad consolidada, de tierra, de ripio, que quiere únicamente pavimentarse” para mejorar las condiciones de toda la población que vive en la zona.
Politización
Para el ministro Montaño este tema pasó a ser político, ya que la actitud de los funcionarios da mucho que pensar.
Insistió en que el financiador del proyecto autorizó los recursos económicos a finales de 2018, por lo que está a la espera de que estos se ejecuten.
“Hoy (domingo) a mediodía se cumple mi estadía en Santa Cruz, esperando que los funcionarios de la gobernación nos soliciten ayuda. Y quiero pedirles a los asambleístas de Creemos que le den una alegría a Santa Cruz en el mes de su efeméride y puedan ratificar el convenio intergubernativo”, agregó.
Pobladores podrían asumir acciones
Ante la demora en la ejecución de la carretera Las Cruces-Buena Vista, los pobladores no descartan asumir acciones contra la Gobernación de Santa Cruz, informó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño.
“Los pobladores del sector podrían tomar medidas de presión porque ya está en riesgo el crédito, lo vuelvo a repetir, todavía se enfrascan los funcionarios de la gobernación y los asambleístas de Creemos en mentirle a la población”, dijo.
Manifestó que los habitantes de los poblados beneficiados están molestos por la dejadez de las autoridades departamentales.
Alertó a los funcionarios de la gobernación: “Cuidado sus acciones los lleven a enfrentar una acción jurídica de la Fiscalía, y que ellos la atribuyan a una persecución política”.
Ahora El Pueblo