La Paz, 29 sep 2023 (ATB Digital).- El país rendirá un “informe exhaustivo” de las elecciones judiciales ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de noviembre, así lo hizo saber ayer el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Hemos pedido también dar un informe exhaustivo sobre la elección judicial porque lo que ha ocurrido acá es un extremo de presentación de normas inconstitucionales”, sostuvo Lima durante una conferencia de prensa en la ciudad de Sucre y luego de informar que el Estado boliviano fue convocado por la CIDH sobre dos temáticas: matrimonio infantil y justicia constitucional.
En este sentido, Lima sostuvo que el último proyecto de ley de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, sobre las judiciales, carece de bases constitucionales.
“Hay tres puntos al menos que son objeto de consulta previa de constitucionalidad y los informes que han remitido las diferentes instituciones. No es una ley constitucional la que ha aprobado el Senado y por lo tanto no es un tema que el Ministro de Justicia hubiera desarrollado, que hubiera pretendido llevar adelante para que no se realicen las elecciones judiciales. Aquí el problema está en un proyecto de ley que en marzo se presentó con vicios de inconstitucionalidad y ahora es aprobado por el Senado con graves vicios de inconstitucionalidad”, declaró Lima.
El proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de que por un recurso constitucional se detuviera la presentación de postulaciones en abril.
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, el 31 de agosto, por unanimidad, la nueva redacción del proyecto de ley para la regulación de la preselección de postulantes a magistrados hacia las elecciones judiciales para su realización en esta gestión.
Y esta jornada, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió admitir la consulta que elevó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar si el proyecto de ley para convocar a la preselección judicial, aprobado en el Senado, está acorde con la Constitución Política del Estado.
El TSJ puso en duda la constitucionalidad del proyecto de ley aprobado en el Senado al observar aspectos como que dispone la suspensión de plazos procesales y una acefalía de magistrados a partir de enero de 2024. Ahora el TCP debe revisar el fondo del asunto planteado por el TSJ en los plazos previstos por norma.
“Hay materia para analizar la constitucionalidad de ese proyecto aprobado por el Senado y es lo que lamentablemente está demorando la elección judicial. Si se hubiera hecho un trabajo responsable, serio y con el asesoramiento de constitucionalistas que prevean que no se pueda tener ninguna duda de constitucionalidad, probablemente ya el mes de abril hubiéramos iniciado este proceso”, apuntó.
Lima agregó: “Cuando se insiste en ir contra la Constitución, si se insiste en vulnerar la Constitución, el sistema de la misma Constitución prevé mecanismos para evitar que ocurra eso. No hay por qué hacer elecciones judiciales mal hechas, no hay por qué hacer una elección sin examen, sin entrevista, en plancha y que además cesen las funciones de las actuales autoridades; una democracia funciona con los cuatro órganos del Estado funcionando”, argumentó Lima.
Subcomisión para delitos sexuales
El ministro de Justicia, Iván Lima, comunicó ayer que en la 56 Sesión de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia se conformaron dos subcomisiones: la primera, contra la impunidad en delitos sexuales cometidos hacia infantes, niñas, niños y adolescentes; y la segunda, contra el delito de avasallamiento de tierras.
“Se ha constituido una subcomisión para luchar contra la impunidad en delitos de violación a niñas, niños y adolescentes; se va a desarrollar un trabajo coordinado en el marco del artículo 12 de la Constitución Política del Estado, entre la Fiscalía, la Policía Boliviana y las instancias del Órgano Judicial para atender prioritariamente todos aquellos casos en los cuales se tenga esta grave vulneración a los derechos humanos”, señaló.
El 22 de septiembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin argumentos jurídicos, determinó rechazar por 54 votos el proyecto de Ley 372 de Lucha contra la Impunidad en Delitos Sexuales contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes, dejando en la indefensión a cientos de víctimas que podrían ver sus casos anulados debido a las solicitudes de prescripción que hicieron algunos acusados en el marco de la normativa vigente.
“La subcomisión que se ha conformado con base en la Ley 898 va a dar un tratamiento prioritario a esta temática. Nos ha anunciado el presidente de Diputados, Jerges Mercado —que forma parte de la Comisión 898—, que la próxima semana se analizará si el proyecto de ley que fue rechazado por 54 diputados que les dieron la espalda a las víctimas puede ser tratado nuevamente en este periodo por la Cámara de Diputados”, indicó Lima.
Informó que de lo contrario se tendrá que esperar hasta noviembre. “Pero las víctimas no pueden esperar un solo día más”, apuntó.
En la Comisión estuvieron miembros del Ejecutivo, del Órgano Judicial, del Consejo de la Magistratura, de la Cámara de Diputados y del Senado.
Ahora El Pueblo