Potosí, 18 de nov 2023 (ATB Digital).- El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani sumó este viernes una nueva orden judicial de detención preventiva, esta vez sindicado de irregularidades en la compra de pruebas antígeno nasal contra el COVID-19. Este es el segundo proceso que enfrenta la autoridad.
“Durante la audiencia, el juez de turno valoró los elementos de prueba colectados por la Comisión de Fiscales asignada a este caso, que involucra a la primera autoridad departamental de Potosí y se determinó que existen los suficientes elementos de convicción que hacen presumir su participación en el hecho investigado; así como de los otros seis imputados en este caso. Asimismo, se demostró que concurren los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización” (sic), informó la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, según una nota institucional.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, en 2022, la autoridad inició un proceso de contratación y adquisición de pruebas antígeno nasal para fortalecer la Unidad de Epidemiologia; en el marco del “Plan Para la Vigilancia, Prevención, Control y Atención frente al COVID-19 gestión 2022”. Así se logró adjudicar la compra de 24.263 unidades a una empresa, por un monto de Bs 970.520.
GOBERNADOR DE POTOSÍ
No obstante, la asambleísta nacional Lissa Claros denunció un sobreprecio, bajo el argumento de que compras similares se realizaron a menores costos. El caso empezó a investigarse, avanzó con allanamientos y otras diligencias; hasta terminar con la imputación y detención preventiva de Mamani.
Por este caso, el gobernador es investigado por los delitos de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. La detención preventiva debe cumplirse en el Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, por seis meses.
Este es el segundo caso contra Mamani. Por una presunta compra irregular de ambulancias fue aprehendido en agosto y actualmente ya guarda detención preventiva.
Fuente: La Razón